Cédula de habitabilidad

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Es un documento acreditativo que se utiliza en España y que garantiza que un espacio determinado cumple los requisitos mínimos para ser habitable para las personas por reunir las condiciones mínimas de seguridad, higiene y habitabilidad. Estos requisitos varían según la normativa de cada comunidad autónoma, pero en términos generales, la cédula regulariza la superficie útil mínima de la vivienda y de las diferentes estancias, la altura libre, los huecos y las dotaciones mínimas.

Para tramitarla se necesita contratar los servicios de un arquitecto o aparejador colegiado, quien visitará el inmueble y tras realizar su inspección emitirá un certificado que se presenta a la autoridad competente para que la expida.

Existen tres tipos de cédulas de habitabilidad:

  1. Cédula de primera ocupación. Es el documento exigido para las viviendas de nueva construcción.
  2. Cédula de segunda ocupación. Los propietarios de viviendas que en el pasado hayan tenido cédula de habitabilidad pero ésta haya caducado necesitarán solicitar este tipo de cédula.
  3. Cédula de primera ocupación de rehabilitación. Certifica que la vivienda cumple los requisitos de habitabilidad después de una obra de rehabilitación o algún otro tipo de intervención.

Será necesario presentar este documento cuando se quiera vender o alquilar la vivienda y cuando se necesite dar de alta servicios como el agua, la luz o el gas. Ahora bien, cabe señalar que en algunas Comunidades Autónomas no es necesario cumplir este trámite.

La cédula de habitabilidad tiene una vigencia determinada que depende de la fecha de otorgamiento. En las cédulas de primera ocupación, para las otorgadas antes de 2004, la vigencia fue de 10 años (ahora ya caducadas); las que se entregaron entre 2004 y 2012, tienen una vigencia de 15 años; y las posteriores a 2012, alargan su vigencia a los 25 años. Para las cédulas de segunda ocupación y rehabilitación, la vigencia general es de 15 años.

En cuanto a quién paga esta cédula, en una compraventa le corresponde al vendedor hacerse cargo de la misma, aunque puede ser que se llegue a un acuerdo privado en el que se estipule que será el comprador quien se encargue de ello;  y en un alquiler es responsabilidad del propietario, que será quien tenga que solicitarla y abonarla. El precio de este trámite depende de la autoridad competente y del tipo de vivienda pero se puede decir que es relativamente ágil y económico (no suele exceder los 200€).